¿Cómo se rezagó tanto Sudamérica? Una explicación se remonta 90 años atrás, cuando la Corte Suprema de Argentina empezó a atacar los derechos a la propiedad como una forma de combatir la desigualdad económica. Los políticos argentinos aprendieron rápidamente que el saqueo legalizado era su camino hacia el poder.
La historia todavía se está escribiendo y el último capítulo debería atemorizar a los estadounidenses.
Tras elevar el gasto estatal y golpear a todos los capitalistas posibles durante siete años consecutivos, el gobierno argentino, que se desplomó en 2001, se está quedando de nuevo sin dinero.
No es una sorpresa. A lo largo de varios años, los analistas han advertido que la inflación, el proteccionismo comercial, el caso omiso a los contratos y los impuestos confiscatorios tuvieron un efecto negativo sobre los flujos de capital.
Los mismos analistas advirtieron que las tasas de inversión inferiores a lo esperado serían un problema cuando la economía global empezara a desacelerarse y terminara el auge de los bienes básicos. Pero el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, habían prometido un cambio en Argentina y no querían escuchar. Pensaron que tendrían mejores rendimientos promoviendo la lucha de clases mientras incrementaban el gasto público.
Era predecible que los ingresos dejarían de ser suficientes para soportar los gastos crecientes. El único misterio era cuándo se daría el golpe y qué tan profundo sería el saqueo para financiar la diferencia.
El 21 de octubre, Cristina Kirchner dio fin al suspenso al anunciar que el sistema de pensiones del país –con reservas de US$30.000 millones y un flujo de US$5.000 millones anuales— se convertiría en propiedad del gobierno.
Kirchner defendió su decisión de tomar el control de los activos pensionales diciendo que el mercado es muy arriesgado para los ahorros de jubilación y que los retornos obtenidos por los administradores de fondos del sector privado no eran adecuados.
Esa es una acusación muy fuerte si se considera que el retorno promedio anual de los administradores de fondos argentinos fue de 13,9% en los últimos 14 años. Pero es aún más absurdo si se comparan los rendimientos del sector privado con los del sistema público de seguridad social de reparto simple en las últimas cuatro décadas.
La semana pasada, el columnista de La Nación Adrián Ventura les recordó a sus compatriotas esta "historia de fraudes estatales". En los años 60, "la ley garantizaba a los jubilados el 82% del sueldo", escribe Ventura. Pero "se volvió imposible de calcular". ¿Cómo es posible? La respuesta es que el gobierno no reveló las cifras verdaderas de inflación y, de manera más amplia, los políticos no tenían ningún interés en proteger los activos. "Los gobiernos hicieron poco para mantener el compromiso de pagarles buenas jubilaciones a los trabajadores", explica Ventura, "e hicieron mucho para apropiarse de sus fondos".
El columnista no sólo estaba dando una clase de historia. Le estaba recordando a los defensores del cambio que plus ça change, plus c'est la même chose (cuanto más cambian las cosas, más siguen siendo iguales). Actualmente, el banco central de Argentina está acusado de manipular los datos de inflación y debido a que los políticos han gastado como locos, en el curso del próximo año, el gobierno tendrá un déficit de financiación de US$10.000 millones.
Por ley, la mitad de los activos administrados por los fondos privados ya están invertidos obligatoriamente en deuda del gobierno. Pero no es excesivo sospechar —tal como lo hace más del 70% de los entrevistados en una encuesta en Buenos Aires la semana pasada— que Cristina Kirchner no está actuando para obtener mejores rendimientos sino para hacerse con el control del dinero antes de las elecciones legislativas y provinciales del próximo año.
Ventura hace eco de los temores de muchos cuando escribe que la decisión de Kirchner "casi no impone límites al manejo que se puede hacer de ese dinero y, si los hubiera, nada impediría que el Gobierno los modificara o desconociera".
Los sufridos saben muy bien que una vez se convierte en un instrumento de confiscación no hay límite a los problemas que la ley puede causar. Y en Estados Unidos se sabe que cuando el gobierno es muy intervencionista, las cosas pueden empeorar.
Por Mary Anastasia O'Grady
